Description text goes hereLa gran corrupción, el abuso de un cargo público para beneficio privado por parte de los líderes de una nación (cleptócratas), es una barrera importante para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, responder eficazmente a las pandemias, luchar contra el cambio climático y las crisis ecológicas conectadas, disminuir las crisis de refugiados, promover y mantener la democracia y los derechos humanos, establecer la paz y la seguridad internacionales y garantizar un orden global basado en reglas. Por lo tanto, no es un crimen sin víctimas. Más bien, tiene consecuencias humanas y ecológicas devastadoras.

La gran corrupción no persiste debido a la falta de leyes penales destinadas a prevenir y castigar la corrupción. Según el Secretario General de la ONU, hay 191 países adscritos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). La Convención exige que todas las partes en los Estados Partes tengan leyes que tipifiquen como delito diversas formas de corrupción. Sin embargo, los jefes de Estado y de gobierno corruptos, y muchos otros altos funcionarios gubernamentales corruptos, tienen impunidad en sus propios países porque controlan la policía, los fiscales y los tribunales.

Hoy en día no existe una institución internacional que responsabilice a los cleptócratas por sus crímenes de corrupción cuando los países que gobiernan no quieren o no pueden hacerlo. Entre otros, funcionarios de países donde las administraciones nacionales han sido elegidas con un fuerte mandato y el deseo de abordar la corrupción sistémica, pero carecen de la capacidad para hacerlo, han expresado interés en la IACC. La Corte desempeñará un papel clave para colmar la laguna crucial en la aplicación de la ley en el marco internacional para combatir la gran corrupción.

Operando sobre el principio de "complementariedad", la IACC sería un tribunal de último recurso. Responsabilizaría a los cleptócratas solo cuando los gobiernos nacionales no puedan o no quieran hacerlo. Cualquier país que se una a la IACC decidirá compartir parte de su autoridad para procesar a los cleptócratas, en circunstancias limitadas, para dar integridad a las leyes nacionales que está obligado a promulgar como parte de la CNUCC. La Convención exige la penalización del soborno de funcionarios públicos, la malversación y la apropiación ilícita de fondos públicos, el lavado de dinero y la obstrucción de la justicia. La Corte se diseñará de manera eficiente y eficaz, sobre la base de las lecciones aprendidas de las experiencias de los tribunales internacionales existentes, incluida la Corte Penal Internacional, y otros tribunales internacionales permanentes y especializados.

La IACC:

● Proporcionar un foro políticamente neutral para procesar y castigar de manera justa y efectiva a los cleptócratas y sus redes transnacionales de facilitadores profesionales, incluidos abogados, banqueros, contadores, agentes inmobiliarios y otros proveedores de servicios.

● Disuadir la gran corrupción futura estableciendo una amenaza creíble de enjuiciamiento, tal amenaza no existe actualmente para casi todos los cleptócratas y sus coconspiradores.

● Recuperar, repatriar y/o reutilizar activos robados en beneficio de las víctimas de gran corrupción a través de órdenes de restitución o desembolso, y posiblemente demandas civiles.

● Poner a disposición a sus expertos investigadores, fiscales y jueces para ofrecer valiosos consejos y asistencia a sus homólogos en los países que se esfuerzan por mejorar su capacidad anticorrupción.

La Corte tendría la autoridad para procesar a funcionarios de alto nivel, incluidos los jefes de Estado y de Gobierno, cualquier persona que designen y otros funcionarios públicos, así como a cualquier persona que a sabiendas e intencionalmente ayude a uno o más de ellos en la comisión de un crimen dentro de la jurisdicción de la Corte. Para ser de la competencia de la Corte, algunos o todos los elementos del crimen tendrían que ser cometidos por nacionales de un Estado miembro o en el territorio de un Estado miembro.

Como la IACC sería un tribunal internacional, compatible con el derecho internacional establecido reconocido por la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales, los funcionarios públicos no tendrían inmunidad judicial mientras estuvieran en el cargo o posteriormente.

La IACC tendría la autoridad para hacer cumplir las leyes requeridas por la CNUCC, particularmente aquellas que penalizan el soborno, la malversación de fondos públicos, la apropiación indebida de propiedad pública, el lavado de dinero y la obstrucción de la justicia. Esto podría hacerse otorgando a la IACC jurisdicción, con el consentimiento del Estado parte interesado, para hacer cumplir las leyes nacionales existentes, a una versión uniforme de ellas incluida en el tratado que crea el tribunal, o ambas.

En cualquier caso, la IACC no requeriría la creación de nuevas normas. Más bien, proporcionaría un foro para la aplicación de las obligaciones existentes que están codificadas en las leyes penales de prácticamente todos los países, pero que no se aplican contra los cleptócratas y sus colaboradores en los países que gobiernan los cleptócratas.

El Estatuto de la CPI no cubre los delitos de corrupción. Enmendarlo requeriría el voto de dos tercios de sus 123 estados miembros y luego la ratificación de siete octavos de ellos para entrar en vigor. Algunos de los 123 estados miembros de la CPI están gobernados por cleptócratas que se opondrían a tal enmienda. Por lo tanto, es poco probable que la ampliación de la jurisdicción de la CPI para incluir la gran corrupción sea políticamente viable.

Además, en vista de las demandas globales sobre los recursos limitados de la CPI, incluida la gran corrupción en su mandato, resultaría, como cuestión práctica, inadecuada. Obligados a priorizar casos potenciales, los fiscales inevitablemente se sentirían obligados a centrarse en el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, en lugar de en la gran corrupción, a pesar de sus graves consecuencias.

El diseño de la IACC se beneficiará de la experiencia de otros tribunales penales internacionales. Como resultado de su mandato más limitado, la IACC será un tribunal más optimo y más rentable.

A diferencia de los crímenes juzgados en la CPI, los delitos de soborno de funcionarios públicos, malversación de fondos públicos, apropiación indebida de propiedad pública, lavado de dinero y otros delitos de corrupción que serían juzgados en la IACC ocurren en países de todo el mundo. Las personas que serían procesadas en la IACC, a saber, los cleptócratas y sus facilitadores profesionales, son parte de redes criminales transnacionales que abarcan el Norte y el Sur del mundo. La naturaleza global del problema también significa que hay muchos investigadores y fiscales en todo el mundo que ya tienen una considerable pericia y experiencia en la lucha contra estos delitos. La IACC sería un eje central para que estos expertos trabajen juntos en todas las jurisdicciones para garantizar enjuiciamientos efectivos.

Algunos estados que son parte de la CNUCC están gobernados por cleptócratas que gozan de impunidad en los países que gobiernan porque controlan la policía, los fiscales y los tribunales, que a menudo también son corruptos o están sujetos a graves amenazas, represalias e intimidación si intentan aplicar la ley imparcialmente. Esos cleptócratas no permitirán una investigación honesta y efectiva de sí mismos o de sus colaboradores criminales. Hay otros países en los que hay líderes u otros funcionarios que están dispuestos a responsabilizar a los cleptócratas, pero no tienen la capacidad de llevar a cabo investigaciones criminales complejas o juzgar casos complejos, particularmente contra personas ricas y poderosas.

La gran corrupción es con frecuencia un delito transnacional. Los fondos y activos cruzan las fronteras, a menudo a través de complejas redes de compañías fantasmas anónimas y otros vehículos extraterritoriales (offshore) que abarcan múltiples jurisdicciones. Los mecanismos nacionales pueden enjuiciar el acto corrupto cometido dentro de sus jurisdicciones nacionales, pero a menudo no pueden enjuiciar todo el esquema corrupto. Una IACC tendría la capacidad de procesar eficazmente casos que abarcan múltiples jurisdicciones.

Las instituciones nacionales seguirán siendo una parte esencial del marco internacional de lucha contra la corrupción. La IACC proporcionaría a los países un incentivo para fortalecer los esfuerzos nacionales contra la corrupción. Además, los expertos, investigadores, fiscales y jueces de la IACC serían recursos valiosos al que sus homólogos nacionales que se esfuerzan por mejorar su capacidad podrían solicitar asistencia y asesoramiento.

Es poco probable que los cleptócratas permitan que los países que gobiernan se unan a un tribunal que sería una amenaza para procesarlos. Sin embargo, en los países democratizados, la presión pública y/o los cambios en el liderazgo deberían llevar a ciertos gobiernos a unirse a la IACC. En tales países en transición, la IACC reforzaría las normas democráticas a expensas de los cleptócratas que intentan retener y recuperar el poder sobre el Estado.

Además, los cleptócratas lavan regularmente el producto de su actividad criminal a través de los principales centros financieros, los invierten en otros países extranjeros que son destinos atractivos para el dinero sucio y conspiran con facilitadores en países extranjeros para hacer ambas cosas. Los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora y otros trabajos importantes del periodismo de investigación han revelado que esos países están contaminados por flujos financieros ilícitos masivos. Los 44 estados miembros de la Convención Antisoborno de la OCDE tienen leyes que les permiten responsabilizar a sus nacionales y empresas registradas en su territorio por proporcionar sobornos a funcionarios extranjeros, pero no tienen jurisdicción para responsabilizar a los funcionarios extranjeros corruptos por exigir sobornos. Por lo tanto, deben estar predispuestos a unirse a una IACC que aumenta la aplicación global de las leyes penales contra la corrupción que ya han codificado dentro de su propia jurisdicción.

La IACC tendría jurisdicción sobre los crímenes cometidos por nacionales de un estado miembro de la IACC y los crímenes cometidos en el territorio de un estado miembro de la IACC. En consecuencia, la IACC podría crearse y entrar en vigencia rápidamente si consistiera inicialmente en un número relativamente pequeño de estados representativos, siempre y cuando incluyan algunos centros financieros utilizados por los cleptócratas para lavar sus fondos ilícitos y algunos otros destinos atractivos en los que los cleptócratas se esconden y gastan las ganancias de la gran corrupción. Por lo tanto, la IACC tiene un potencial significativo para procesar, castigar y recuperar activos ilícitos de los cleptócratas que gobiernan países que no se han unido a la Corte.

El objetivo es atraer a tantos estados miembros como sea posible, pero la IACC no necesitaría que los países gobernados por cleptócratas se unan para ser efectiva. La gran corrupción es transnacional por naturaleza y la IACC tendría jurisdicción para procesar a los nacionales de los Estados miembros y a los extranjeros que cometan todo o parte de un delito dentro del territorio de un Estado miembro. Por lo tanto, la IACC podría ser efectiva si la estableciera inicialmente un número relativamente pequeño de estados miembros fundadores, siempre y cuando incluyeran centros financieros clave y otros países que los cleptócratas utilizan para lavar y ocultar el producto de su actividad criminal.

Canadá y los Países Bajos han asumido compromisos oficiales de política exterior para trabajar con socios internacionales para crear la IACC. Coorganizaron con Ecuador una Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Anticorrupción en La Haya en noviembre de 2022, en la que buscaron reclutar más países para que se unan a ellos en el esfuerzo por avanzar en la creación de la IACC. Los dos últimos Presidentes de Colombia han respaldado la IACC y el actual Presidente de Timor-Leste ha firmado la Declaración en la que se pide la creación de la Corte. En el Día contra la Corrupción de la Unión Africana en julio de 2022, el presidente de Nigeria dijo que la lucha contra la corrupción en su país ha sido difícil y que se necesita una IACC. Otros países también están interesados en unirse al esfuerzo para crear la Corte.

Se estima que la corrupción cuesta billones de dólares al año, y la gran corrupción contribuye en gran medida a ese costo. Por ejemplo, Global Financial Integrity descubrió que entre 2000 y 2009, los países en desarrollo perdieron 8,44 billones de dólares debido a flujos financieros ilícitos, es decir, 10 veces más que la cantidad de ayuda extranjera que recibieron durante el mismo período. Su informe de 2021, que cubre los datos disponibles más recientes, indica que la escala masiva del problema es persistente. La IACC disuadiría y reduciría la gran corrupción, ahorrando a muchos países enormes sumas de dinero. Además, la IACC recuperaría y repatriaría o reutilizaría los activos robados en beneficio de las víctimas de la gran corrupción.

Por supuesto, hay un costo para operar cualquier institución multilateral. La CPI costó aproximadamente $168 millones en 2021. Sin embargo, la IACC estaría diseñada para ser menos costosa que la CPI. Su jurisdicción sería más limitada y sus procedimientos menos complejos y prolongados. La IACC no requeriría, por ejemplo, salas de cuestiones preliminares. El número de magistrados en servicio activo y remunerado podría depender del volumen de trabajo del tribunal. Las multas impuestas por la IACC también podrían utilizarse para sufragar los costos de su funcionamiento. Por lo tanto, una IACC sería rentable. En cualquier caso, el costo de las operaciones judiciales sería menor en comparación con los billones de dólares estimados que se pierden anualmente debido a la gran corrupción.

Abordar el complejo problema global de la gran corrupción requiere una amplia gama de medidas. Por ejemplo, la creación sistemática de registros de beneficiarios reales accesibles públicamente en todos los países, lo que dificultaría que los cleptócratas y sus lavadores de dinero se escondan detrás de empresas ficticias, es muy necesaria para garantizar la transparencia. Hacer que las normas y prácticas de contratación pública sean transparentes e inclusivas para la sociedad civil también puede ayudar a prevenir algunas formas de gran corrupción.

Sin embargo, la transparencia no es un fin en sí mismo. Si no va acompañada de una mayor rendición de cuentas, la transparencia puede dar lugar a la percepción pública de que no se puede hacer nada para abordar la impunidad de la gran corrupción. En algunos países, se puede lograr una mayor rendición de cuentas mediante inversiones en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones nacionales de lucha contra la corrupción y/o el establecimiento de instituciones híbridas nacionales-internacionales, como la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, ahora cerrada. Sin embargo, las instituciones nacionales e híbridas pueden desmantelarse cuando los cleptócratas recuperan el poder, como sucedió en Guatemala, donde la CICIG fue abolida cuando comenzó a investigar al círculo íntimo del presidente. Como tribunal de última instancia, la IACC sería una adición clave al marco mundial existente contra la corrupción y podría representar un punto de inflexión que lideraría el sistema internacional para combatir eficazmente la gran corrupción de diversas maneras. La campaña para la creación de la IACC atrae una mayor atención al problema de la gran corrupción y aumenta la conciencia de las innovaciones anticorrupción complementarias adicionales. La existencia de la Corte alentaría un mayor desarrollo de las instituciones a nivel nacional y daría esperanza a las víctimas de la gran corrupción de que se puede hacer justicia.

Debido a la naturaleza transnacional de los delitos de gran corrupción, que implican estructuras de blanqueo de dinero que con frecuencia cruzan numerosas fronteras, la cooperación internacional es esencial para las investigaciones existentes de los fiscales a nivel nacional y será igualmente importante para el buen funcionamiento de la IACC. Actualmente, los fiscales de algunos países pueden comunicarse con las fuerzas del orden de otros países para identificar pruebas que puedan ayudarles a procesar casos en sus tribunales nacionales. Sin embargo, para que las pruebas sean admisibles, los países solicitantes deben presentar solicitudes de asistencia judicial recíproca a través de sus embajadas. Este proceso suele ser lento y puede verse afectado por la baja calidad de las solicitudes enviadas.

La creación de una IACC es una oportunidad para mejorar el sistema existente de Asistencia Legal Recíproca. Los investigadores expertos y fiscales de la IACC ayudarían a sus homólogos nacionales a asegurar que las solicitudes de asistencia judicial recíproca estén bien redactadas y puedan dar lugar a un intercambio de pruebas más oportuno. Esto puede ser particularmente útil para los países en transición donde los nuevos líderes desean luchar contra la corrupción, pero donde los organismos estatales de lucha contra la corrupción pueden carecer de la experiencia para presentar solicitudes efectivas de cooperación internacional.

Debido a que la IACC dependerá de la cooperación internacional, priorizará la creación y facilitación de canales efectivos de cooperación internacional entre los Estados miembros, así como con los países que inicialmente no pueden unirse a la Corte. Estos canales serán importantes tanto para reunir pruebas como para la recuperación y devolución de activos que resultarán de enjuiciamientos exitosos. En última instancia, el intercambio de pruebas entre jurisdicciones depende de la confianza implícita, que la IACC deberá fomentar con los socios nacionales. Si bien la cooperación internacional es un desafío, las investigaciones de Odebrecht y Petrobras que derrocaron a presidentes y otros políticos en toda América Latina demuestran que cuando se prioriza la cooperación, la rendición de cuentas es posible.